Alumnos de la carrera de Pedagogía en Castellano de la UPLA marcharán en rechazo por 2 compañeros

Compartimos con ustedes una extensa carta enviada por los alumnos de Pedagogía en Castellano de la UPLA San Felipe:

“Cuando se dio inicio al año académico 2024 en la Universidad de Playa Ancha Campus San Felipe, como estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano, una de las primeras noticias que recibimos, es que para este nuevo período se sumaban dos compañeros muy especiales -no gratamente hablando-. Todo esto mediante información fidedigna y mucha de ella pública, conocida ya ampliamente, pero olvidada con el pasar del tiempo.

Hablamos de Nicolás Martínez y Nicolás González, hoy, uno de ellos es un futuro Maestro de Lenguaje que tratará con niñas, niños y adolescentes una vez que termine su Plan de Estudios. El primero, fue acusado de feminicidio en calidad de frustrado. El segundo, fue acusado de Homicidio simple con resultado de aborto violento (el que debió ser calificado también como feminicidio al ser pareja de la víctima y padre del nonato asesinado junto a su madre).

Desde que comenzaron las clases, como facultad, con apoyo de estudiantes de otras carreras, hemos llevado a cabo diversas acciones para que la Universidad en cuestión, tome “cartas en el asunto” sobre todo respecto a Martínez, entendiendo que personas con estos antecedentes no pueden ser futuros profesores por el riesgo que corren desde sus compañeras, hasta sus futuras alumnas como agresor de una mujer específicamente o acaso ¿Alguno de ustedes tendría a sus seres más preciados en un establecimiento con un feminicida haciendo clases? Si nosotras ya nos sentimos inseguras en Nuestra propia casa de Estudios, siendo adultas, porque la Universidad de Playa Ancha Campus San Felipe, no nos ha dado ninguna garantía de protección, lo que, a su vez, no da seguridad alguna a los padres/madres, apoderados/as y cuidadores/es del futuro de nuestro país estará libre de violencia, considerando que este es solo un ejemplo de una cifra negra de agresores que libremente tienen acceso a instancias que ponen en peligro a ciertos grupos de la sociedad.

Ante esto, la respuesta formal de La Universidad ha sido deficiente, confusa y derechamente amparando a los victimarios en vez de respetar la memoria, el dolor de las víctimas, sin dar certeza alguna de que, como mujeres y féminas, estaremos seguras de cualquier tipo de violencia mientras desarrollamos nuestros estudios. Esto ha generado miedo e inseguridad entre las compañeras que asisten regularmente a sus clases. A pesar de los lineamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que indican a todas las instituciones ya sean públicas, privadas, formales o informales, que deben procurar ambientes ausentes de todo tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres. En este caso sumamos a quienes más debemos cuidar y formar con valores acordes a una vida en sociedad, nuestros niños, niñas y adolescentes.

Por todo esto, hemos recurrido a autoridades, distintas colectividades y la toda instancia universitaria, pero no se ha logrado más que un “no se puede hacer nada porque sería discriminación, especialmente en el caso de Nicolás Martínez”.

No hay soluciones concretas ni decisiones drásticas, que para nosotras no es otra cosa que estas personas sean expulsadas de La Universidad.

De no ser así, será entonces responsabilidad de la Institución señalada, el tipo y la calidad de maestros y educadoras/es que se titulan y llegan a los distintos establecimientos educacionales -especialmente del Valle de Aconcagua-. Así como será su responsabilidad si alguno de estos estudiantes agrede a una mujer dentro del Campus o fuera de él a raíz de este comunicado.

Las únicas acciones de La Universidad han sido con el objetivo de “bajarle el perfil” a esta gravísima situación, haciendo un “llamado a la calma” para que los casos se mantengan contenidos en las paredes del Campus y finalmente se queden en el olvido por la inacción de quienes son responsables de su administración y dirección, tanto en San Felipe, como en su Casa Central.

La razón de esta postura se debe a que, específicamente en el primer caso, la causa fue desestimada por tener el -en ese entonces reo- “problemas psiquiátricos”. Por esta misma razón no se puede acceder a la causa para tener más antecedentes que nos ayuden en esta movilización.

Sobre lo último mencionado, las movilizaciones no pararán hasta conseguir resultados justos y que no pongan en el centro a los victimarios sino a las víctimas y las consecuencias de sus actos, las que ya han tenido hasta ahora y las que puedan venir.

En el caso de Martínez, queremos ser enfáticas, en expresar que NO estamos en contra de que personas con algún tipo de condición o discapacidad mental ingresen a la Universidad y en específico a Pedagogía en Castellano, pues entendemos que suman a la hora de fomentar y avanzar en términos de inclusión, tanto en La Universidad, como una vez tituladas/os, en las aulas. Nuestro foco es que estamos ante 2 criminales, que una causa fuese desestimada no niega la acción ocurrida ni justifica lo que hizo. Mientras en el caso de González, no podemos tolerar el doble homicidio -digámoslo por su nombre- no de la forma que lo ha mal catalogado la Injusticia chilena, pues no hablamos de un feto sino de un nonato y sí, cuestionamos las decisiones tomadas en ambos casos por parte del Poder Judicial.

Queremos expresarle a las autoridades de la Universidad, a las Autoridades Locales y a la ciudadanía en general, que estamos organizadas/os, que -con o sin más apoyo- las movilizaciones continuarán y se intensificarán hasta no tener medidas más allá de respetar la “mera legalidad vigente”, acá estamos frente a casos que merecen una evaluación moral y ética a la altura de sus inevitables consecuencias y no descansaremos hasta tener la seguridad de que podremos caminar tranquilas por el Campus y que ninguna compañera, futura colega, estudiante o cualquier mujer se vea violentada por parte de alguno de estos alumnos de la Universidad Playa Ancha Campus San Felipe, albergue de hombres que dañan mujeres, así de duro y claro. Estamos más unidas/os que siempre ante la injusticia y no nos silenciarán con represalias, ni de parte de Martínez, de Gonzales o de quienes les apoyan.

Somos tajantes, no habrá autoridad o institución que nos amedrente, no bajaremos los brazos, por nosotras, por nuestra infancia y nuestros adolescentes. Como educadoras y educadores nuestra razón de formarnos como Profesores no solo es enseñar normativamente, sino también cuidar y procurar ambientes seguros para el -reiteramos- Futuro del País cuya ocupación es tarea de la sociedad completa. Esto último parece haberlo olvidado Nuestra Institución, porque estamos seguras/os, que esto en cualquier parte del mundo sería inconcebible y no cabría duda de la medida que se debería tomar.
Es más, nos preguntamos, si existe un registro de personas que no pueden trabajar con o cerca de niñas, niños y adolescentes ¿Por qué ese registro no se extiende a las Casas de Estudio? Con una medida así, no estaríamos acá.

Finalmente, ante este sentimiento de desprotección, temor e incertidumbre constante, hemos tomado medidas para velar por nuestra seguridad. La Universidad de Playa Ancha nos ha abandonado, apelando a su prestigio y escudándose en La Ley, pero no están velando por las personas y eso no lo podemos ni debemos tolerar. Por todo esto, pedimos el apoyo de la comunidad; de exalumnos/as; de maestras/os; de colectividades que velan por los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres y de la infancia; de las Autoridades Educativas Comunales, del Consejo de Rectores (del cual la Universidad es participante) y de los Estamentos del Aparato Central del Estado para darle una solución definitiva a esta -insistimos- gravísima situación”.